| Sumario original |
Elaborado por el Defensor del Pueblo Andaluz este trabajo se basa, fundamentalmente, en una encuesta realizada entre los profesionales y los responsables de las Unidades de Trabajo Social (UTS) de todos los municipios andaluces. Concretamente, para la recogida de la información se remitió un cuestionario a los responsables de las diversas Zonas de Trabajo Social (ZTS) y, dentro de cada una de ellas, a las diversas Unidades de Trabajo Social. En total, se recogieron 201 cuestionarios relativos a las ZTS (93% de los remitidos) y 602 relativos a las UTS (87% del total). Además, se remitió un tercer cuestionario a 74 responsables institucionales (concejales y diputados con responsabilidad en materia de servicios sociales comunitarios), a fin de recoger información de cada una de las ZTS a su cargo. En total, se recibieron 193 cuestionarios a través de esta tercera fuente de información. Finalmente, los datos recogidos a través de esta encuesta fueron completados con las valoraciones realizadas por parte de los representantes de las instituciones autonómicas con responsabilidad en la materia, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de organizaciones representativas de colectivos que utilizan con asiduidad los servicios sociales comunitarios. Se trata de un amplio y exhaustivo informe sobre la situación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía en el que se abordan la práctica totalidad de los factores que determinan el funcionamiento del sistema: marco jurídico, competencial y organizativo, ordenación territorial, financiación, recursos materiales y humanos, condiciones funcionales, desarrollo de las prestaciones y servicios que tiene encomendados, características de la población usuaria... El informe incluye además un capítulo de sugerencias y recomendaciones, así como una propuesta para la reforma del Estatuto de Andalucía de avanzar en la protección efectiva de los derechos sociales, introduciendo en una norma de rango estatutarios el compromiso público de garantizar la cobertura de unos mínimos vitales vinculados al ejercicio de determinados derechos. La propia amplitud y exhaustividad de las cuestiones abordadas dificulta la identificación de las principales conclusiones del estudio: en cualquier caso, el estudio destaca la necesidad de actualizar el marco normativo vigente a la fecha en Andalucía y de redacción de un Plan Andaluz de Servicios Sociales comunitarios. También queda de manifiesto la inexistencia de un referente normativo de dotaciones mínimas en materia de recursos humanos, tanto en lo que se refiere a las categorías que deben integrar estos equipos profesionales como al número de efectivos con los que deben contar, así como carencias graves en cuanto a la coordinación y la ordenación del sistema. En ese sentido, pese al esfuerzo realizado por las administraciones públicas andaluzas para implantar y consolidar la red básica de servicios sociales, el estudio detecta carencias graves en materia de desarrollo normativo, organización territorial, insuficiencia de recursos, coordinación y inadecuación del conjunto del dispositivo para atender las necesidades sociales emergentes, lo que pone de manifiesto la necesidad de una profunda reordenación. |