Más allá del papel. Progresos y retos en la implantación de la coordinación de bienestar y protección en centros educativos
By: Viqueira, M.
Contributor(s): et al
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Material type: 
BookPublisher: Madrid Educo 2026Description: 56 p.Subject(s): Infancia | Adolescentes | Derechos del niño | Protección de menores | Escuela | Centros educativos | Bienestar | Evaluación de servicios | España | MenoresGenre/Form: DocumentalOnline resources: Servidor | Enlace web Summary: La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución española y en diversos tratados internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España en 1990.<br><br>La aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de Niños y Adolescentes contra la Violencia (LOPIVI), marcó un punto de inflexión en la concepción de la protección en el ámbito educativo. Así, los centros educativos deben asumir un papel fundamental para garantizar el derecho de los niños y adolescentes a crecer y aprender en entornos seguros y protectores.<br><br<La escuela no solo educa: también sana, cuida, protege y apoya. Se sabe, como lo demuestra la evidencia, que la falta de protección, el maltrato o la falta de bienestar físico o emocional tienen un impacto directo en el desarrollo cognitivo, la salud mental y el aprendizaje.
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| SIIS San Sebastián - Donostia SIIS Donosti | Archivo (Browse shelf) | Available |
La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución española y en diversos tratados internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España en 1990.
La aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de Niños y Adolescentes contra la Violencia (LOPIVI), marcó un punto de inflexión en la concepción de la protección en el ámbito educativo. Así, los centros educativos deben asumir un papel fundamental para garantizar el derecho de los niños y adolescentes a crecer y aprender en entornos seguros y protectores.
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