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Material type: materialTypeLabelBookSubject(s): Discapacidad | Discriminación | Entorno laboral | Quejas | Reino Unido | DiscapacidadGenre/Form: Documental In: EQUAL OPPORTUNITIES REVIEW no. 78 (1998), p. 8-8Summary: El cambio que ha supuesto en el Reino Unido la aprobación de la Ley contra la Discriminación de las Personas con Discapacidad de 1995 (Disability Discrimina-tion Act) es evidente si se observa el número de demandas que, tan sólo en un año de vigencia, han presentado ante los Juzgados de lo Social -los llamados Tribunales de Industria en el Reino Unido- las personas con discapacidad que consideran ser objeto de discrimnación laboral en razón de dicha discapacidad. De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas, estas instancias judiciales han registrado la entrada de un total de 1412 reclamaciones entre diciembre de 1996 y diciembre de 1997. La mayoría de las demandas (el 60%) se referían a situaciones de despido improcedente; el resto, bien exigían una razonable adaptación del puesto de trabajo (18%), bien solicitaban una indemnización por perjuicios (13%), bien denunciaban la inadecuación de las condiciones de contratación (10%). Tales cifras dan muestra, sin duda, del énfasis que la nueva normativa permite aplicar a la defensa de los derechos.
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El cambio que ha supuesto en el Reino Unido la aprobación de la Ley contra la Discriminación de las Personas con Discapacidad de 1995 (Disability Discrimina-tion Act) es evidente si se observa el número de demandas que, tan sólo en un año de vigencia, han presentado ante los Juzgados de lo Social -los llamados Tribunales de Industria en el Reino Unido- las personas con discapacidad que consideran ser objeto de discrimnación laboral en razón de dicha discapacidad. De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas, estas instancias judiciales han registrado la entrada de un total de 1412 reclamaciones entre diciembre de 1996 y diciembre de 1997. La mayoría de las demandas (el 60%) se referían a situaciones de despido improcedente; el resto, bien exigían una razonable adaptación del puesto de trabajo (18%), bien solicitaban una indemnización por perjuicios (13%), bien denunciaban la inadecuación de las condiciones de contratación (10%). Tales cifras dan muestra, sin duda, del énfasis que la nueva normativa permite aplicar a la defensa de los derechos.

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