03805nam a22004817i 4500939001300000005001700013008004100030041000800071245010400079260004500183300001100228650001100239650003000250650002500280650001300305650002500318650002100343650002900364650002100393650001600414650002600430650002400456650002300480650001400503650003300517650002900550650002000579650001200599651002400611653001700635655001500652856012000667856012600787901232300913921001103236923000603247927001503253996000903268996000703277996000903284998000803293952002203301  a2005111620190506124419.0051116s2005    sp     gr     000 0 spa c  aeng10aRIGHTS OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES. ACCESS TO EDUCATION AND EMPLOYMENT. UNITED KINGDOM  aNUEVA YORKbOPEN SOCIETY INSTITUTEc2005  a202 p.14aAcceso14aCaracterísticas sistema14aDatos estadísticos14aDerechos14aDerechos del usuario14aDerechos humanos14aDiscapacidad intelectual14aDiscriminación14aEducación14aInclusión educativa14aInclusión laboral14aMétodo educativo14aNormativa14aPlanificación de servicios14aProgramas de inserción14aRecomendaciones14aTrabajo14aReino Unido968660710aDiscapacidad 4aDocumental40zPathu\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\Anteriores-2007\Rights of people with intellectual disabilities.pdf41zEnlace webuhttp://www.soros.org/initiatives/eu/articles_publications/publications/romania_20050902/ukreport_20051020.pdf  aEste informe, elaborado por el Open Society Institute en el marco de su programa europeo de asesoramiento y monitorización sobre los derechos humanos (EUMAP), se centra en los derechos de las personas con discapacidad intelectual en el Reino Unido. El objetivo del informe consiste en analizar las barreras con que se encuentran las personas con discapacidad intelectual en el ámbito de la educación y el empleo, dos áreas de especial importancia de cara a su completa participación en la sociedad. Partiendo de una revisión general de la legislación británica en lo que respecta a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, los autores identifican diversas áreas en las que dicha legislación resulta insuficiente, o es insuficientemente aplicada. Es precisamente lo que sucede con la integración de las personas con discapacidad intelectual en el sistema educativo ordinario. Mientras la legislación vigente estipula que las personas con discapacidad deben estar integradas en escuelas ordinarias, y dicha integración se consigue en gran medida en el nivel de la educación primaria, los institutos y escuelas de educación secundaria o formación profesional carecen de los medios necesarios para atender adecuadamente a las necesidades especiales de estas personas. Estos recursos, incluida una formación adecuada de los profesores y la posibilidad de elaborar programas de estudios individualizados, son indispensables para lograr una efectiva integración de las personas con discapacidad intelectual. Por lo que respecta al empleo, las necesidades detectadas son mucho mayores, ya que el colectivo de personas con discapacidad intelectual continúa siendo un colectivo mayoritariamente inactivo –su participación en el mercado de trabajo se estima en un 11%–, que depende de las prestaciones sociales para vivir. En este ámbito, los autores consideran particularmente importante eliminar la incompatibilidad entre la participación en el mercado de trabajo y la percepción de ayudas económicas, que en este momento supone un importante desincentivo para las personas con discapacidad intelectual. Al mismo tiempo, es necesario continuar financiando el empleo protegido, y mejorar las vías de transición al mercado laboral ordinario.  a152171  a3  a14/11/201210a11.110a7310a81.2  aMON  cDFBoArchivoyMON