03329nam a22005297i 450000500170000000800410001704100080005810000130006624500860007926000520016530000110021783000120022865000230024065000230026365000140028665000170030065000160031765000140033365000140034765000120036165000270037365000300040065100160043065000360044665000210048265000120050365000130051565300200052865300170054865300160056565500150058183000200059685601210061685600800073790117540081790400510257191400070262291600110262991900340264091900390267492100110271393100300272499600070275499800080276193900130276995200170278220141212100516.0090911s2009    sp     gr     000 0 spa c  aeng1 aHALL, S.10aSPENDING PRIORITIES IN THE BENEFITS SYSTEM: DELIBERATIVE RESEARCH WITH THE PUBLIC  aLondresbDEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONSc2009  a118 p. 0vno. 55914aActitudes sociales14aActitudes usuarios14aDesempleo14aDiscapacidad14aIncapacidad14aPensiones14aPensiones14aPobreza14aPolítica de vivienda14aPrestaciones económicas14aReino Unido14aRenta de garantía de ingresos14aSubsidio de paro14aTrabajo14aVivienda10aAcción social10aDiscapacidad10aInclusión 4aDocumental 0aRESEARCH REPORT40zPathu\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2008-Posteriores\2009\Spending priorities in the benefits system.pdf41zEnlace webuhttp://research.dwp.gov.uk/asd/asd5/rports2009-2010/rrep559.pdf  aLos progresivos recortes en el gasto social constituyen una de las consecuencias más graves que la crisis económica está provocando en los presupuestos de los Estados de bienestar. Otra manera de controlar ese gasto consiste en aumentar la eficiencia de las prestaciones concedidas, lo cual exige un proceso de reflexión sobre la naturaleza de dichas prestaciones, sus requisitos y beneficiarios. Este estudio encargado por el Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido –uno de los países que más va limitando su política social– recoge la opinión ciudadana sobre las ayudas económicas concedidas a los adultos en edad de trabajar. La investigación pone en tela de juicio tanto la cuantía de las prestaciones como sus beneficiarios. Los resultados muestran que los hogares monoparentales, las personas cuidadoras a tiempo completo y las personas con discapacidad son los colectivos mejor valorados cuando se pregunta por quién debe recibir ayudas y quién debe ver incrementadas su cuantía. La razón esgrimida es que estas personas no son responsables de su vulnerabilidad, con lo cual ‘merecen’ la protección del Estado. En contraste, las parejas sin hijos que no trabajan, las parejas con niños en los que sólo un miembro trabaja y las personas desempleadas de corta y larga duración despiertan más reticencias entre la población encuestada, que opina que debería recortarse su ayuda, o incluso eliminarse si no demostraran que buscan empleo de manera activa. Las personas encuestadas consideran, además, que debería haber más cursos de formación de cara al reciclaje profesional y al aumento de las habilidades sociolaborales de estos colectivos.  aLos beneficiarios de ayudas sociales, a debate  aNO  aEunate  a03. Prestaciones económicas  a06. Investigación y evaluación  a177278  aPublicado en Gizarteratuz10a25  aMON  a20090911  oArchivoyMON